Por Claudia Olate
Un nuevo capítulo se sumó a la famosa estafa inmobiliaria con la formulación de cargos contra otras dos personas que operaban con Norberto Gutiérrez, quienes fueron encausados en el mes de junio por hechos afines por una cantidad que asciende a cincuenta millones de pesos.
Este jueves fueron encausados Ezequiel Cid y Claudio Seguel y se prorrogaron los cargos contra Gutiérrez. Aparte del fraude con terrenos que tenían dueños, la fiscalía consiguió recoger catorce demandas de víctimas de fraude domiciliario IPPV.
El fiscal Tomás Soto fue el responsable de contar los hechos, que implicaron aun a una cuarta parte sospechoso, quien no pudo estar presente por enfrentamientos de interés con su defensor público asignado, si bien se elaborarán cargos en una nueva audiencia.
El fiscal contó primero todas y cada una de las demandas sobre la venta de terrenos que no pertenecían a los sujetos que se hacían pasar por el vendedor. Conforme se notificó, el primer hecho se refiere a Seguel y Gutiérrez y habría ocurrido en el primer mes del año de dos mil veintiuno cuando engañaron a una mujer. Después de dialogar con la víctima, le ofrecieron un terreno en la comuna de Entre Cerros con la promesa de que en el futuro podría escriturar. Conforme Soto, “el primer pago llegó en el primer mes del año, en el que pagó quinientos pesos en efectivo”.
En otro de los hechos, Cid y Gutiérrez “realizaron múltiples operaciones de venta a sabiendas de que el terreno no les pertenecía”. En este episodio, la denunciante era una mujer que, por medio de la inmobiliaria de la que era dueña, era la dueña real del inmueble.
“Raúl Cid le vende mucho a un señor del distrito de Entre Cerros. La víctima pagó quinientos pesos. Entregó dos automóviles, un Subaru y un Renault, y unos $15,000”, afirmó Soto. En todas y cada una de las operaciones, Gutiérrez se presentaba como encargado de registrar los lotes o efectuar los trámites pertinentes.
El fiscal Tomás Soto aseguró que hubo otras víctimas del conjunto defraudador. Foto: Marcelo Martínez.
Tiempo después, el dueño de la inmobiliaria interpuso una demanda aduciendo usurpación del inmueble y en el mes de marzo de dos mil veintidos el estafador se vio obligado a desocupar el inmueble. De forma inmediata, los encausados volvieron a defraudar exactamente el mismo terreno y lo vendieron a otra persona.
Soto explicó que tras allanamientos efectuados meses atrás en la localidad donde vivía Gutiérrez, hallaron una maleta con papeles en los que “tenía el título de propiedad del inmueble en cuestión, por lo que no podía ignorar que era de la inmobiliaria. «
Con esa tierra asimismo se conminó de muerte a una de las víctimas del Cid a fin de que se retirara de la tierra. De las intervenciones telefónicas efectuadas como una parte de la investigación, los fiscales resaltaron un mensaje del acusado que decía: «Si te vuelvo a ver en el suelo, te disparo, hijo puta».
En diciembre de dos mil veintiuno, otro hombre se transformó en víctima del conjunto de estafadores. En esta ocasión, Gutiérrez le ofreció un terreno en la colonia Reina Mora, por el que acordaron abonar tres millones de pesos. Exactamente el mismo hombre le dio el dinero a Gutiérrez y a cambio recibió documentación que resultó ser falsa. El terreno pertenecía a Los Lagos de Bariloche, la inmobiliaria de María Laura Fenoglio.
En mayo de dos mil veintiuno, una mujer fue víctima de las patrañas inmobiliarias del acusado. Tras dar $15.000 por un terreno en la colonia El Frutillar, recibió los recibos y la boleta de compra y venta, mas entonces apareció el auténtico dueño. La mujer pidió un informe de dominio catastral con los datos que le había dado Gutiérrez, mas le afirmaron que todo estaba mal.
Soto les atribuyó la “falsificación de dos documentos públicos” pues, aparte de falsificar dos documentos apócrifos, asimismo falsificaron la firma de un notario de apellido Santander, quien entonces denunció el crimen.
Pero las estafas de este conjunto de hombres no acabaron ahí, además de esto fueron acusados por el Instituto de Planeamiento y Promoción de la Residencia (IPPV) de “vender casas o dar casas planeadas”. En un caso así, Soto resaltó que se trató de una «escenificación en la que Gutiérrez consiguió mentir a sus víctimas, que no podría haberse llevado a cabo sin la participación de Cid y Seguel».
Disfrazados de gerentes de IPPV, consiguieron persuadir y mentir por lo menos a catorce personas, si bien los fiscales afirmaron que probablemente aparecerán más víctimas y se ampliará la acusación.
El acusado se negó a declarar. Foto: Marcelo Martínez.
Les afirmaban a sus víctimas que se trataba de “un remanente de casas” a las que podían acceder entregando cierta suma de dinero. Tras la primera entrega, accedieron a un expediente judicial y después debieron aguardar a que les entregasen la casa, lo que jamás sucedió. Asimismo les afirmaron “para fortalecer el engaño de que serían contactados por un representante del IPPV que les solicitaría sus datos personales”. Este contacto telefónico, pudieron determinar a lo largo de la investigación, era de un criminal con antecedentes penales, e inclusive ciertas llamadas se efectuaron mientras que estaba bajo custodia.
Un registro en casa de Gutiérrez halló un bloc de notas con la historia legendaria de lo que esa persona debía decir, afirmó Soto, y añadió que se requería información personal afín a la de las peticiones de IPPV.
“A la data tenemos catorce víctimas que han presentado demandas por estos hechos. Aún existen algunas víctimas que no se han presentado», afirmó la fiscalía. En todos y cada uno de los casos, las personas entregaron dinero o automóviles.
Una a una, las catorce estafas con supuestas casas IPPV
La primera y segunda víctima de los hechos denunciados por la fiscalía fueron dos hombres, padre e hijo juntos.
La tercera víctima, que cayó en las patrañas del IPPV, entregó dinero y a los quince días Cid le entregó una carpetita con documentos falsos. Soto aseveró que en la maleta encontrada en casa de Gutiérrez había una imitación de la transcripción, por lo que acusó a Gutiérrez y Ezequiel Cid de estafa por falsificación de escritura pública y estafa.
En marzo de dos mil veintidos, una mujer y un hombre cayeron en la estafa tras dar trescientos pesos con la promesa de dar otros dos millones de pesos si recibían la casa. A través de exactamente la misma maniobra, Gutiérrez entregó un título precario falsificado.
En dos mil veinte, un hombre le entregó doscientos pesos más un vehículo Fiat Palio dos mil catorce. El veintisiete de agosto fue convocado a la apreciaría de Costa Brutten, donde entregaron cuatrocientos pesos y firmaron un Formulario ocho por el auto. Allá asimismo se firmó la Ley de Posesión Precaria IPPV. “El veintiocho de agosto (Cid) demandó la suma de treinta pesos por la limpieza que debía hacer al vehículo, conminando con que en caso contrario serían despedidos del domicilio”, afirmó el fiscal. 3 días después, la víctima entregó la suma.
En mayo de dos mil veinte, dos personas entregaron ciento cincuenta pesos más un vehículo Gol Trend así como la Form ocho con la promesa de que entregarían la casa ese año.
En julio de dos mil veinte, otras personas fueron engañadas para aparentemente dar una IPPV a domicilio. Como en todas y cada una de las ocasiones, Gutiérrez se presentó como técnico y les aseguró que podrían participar en un plan de ciento veinte residencias. Las víctimas entregaron $1,300. Asimismo se entregó en la apreciaría ya antes citada un Renault Clio dos mil siete con forma ocho.
El juez Sergio Pichetto consideró «acreditados» los hechos. Foto: Marcelo Martínez.
En el invierno de dos mil veinte, un hombre se puso en contacto con estafadores para adquirir dos casas, una para cada uno de ellos de sus hijos. Para esto entregó cuatrocientos pesos en efectivo y una semana después entregó un Chevrolet Corsa modelo dos mil nueve y una cuatrimoto. Las casas evidentemente jamás existieron.
Entre marzo y abril del año en curso, otro hombre cayó por exactamente la misma maniobra denunciada previamente, por la que pagó trescientos pesos a cambio de un recibo. Entonces hizo otra entrega de setecientos pesos con obligación de abonar 1 millón de pesos.
También ese año, otra persona creyó que podría tener acceso a una residencia y entregó un Chevrolet Corsa con una Form ocho para trasferir más diez pesos en efectivo.
Otro hombre pagó 1 millón de pesos en pagos múltiples en el mes de marzo del año en curso a Seguel, quien estaba al cargo de la colecta, al paso que Gutiérrez fue presentado como gerente.
Una mujer que asimismo administró el acceso a una residencia con Seguel le entregó 1 millón de pesos como depósito para reservar la residencia, como un Chevrolet Corsa dos mil trece. Seguel se quedó con el vehículo y después se lo entregó a su hermano. Por último, la toma fue secuestrada como una parte de la investigación del allanamiento.
En el invierno de dos mil veinte, en la mitad de una pandemia, un hombre contactó a los estafadores y les entregó un Ford Celebración Kinetic que igualaba el monto de la venta. Una semana después fue convocado a la apreciaría de Costa Brutten para firmar el modelo ocho. Entonces debería aguardar el presunto resolución.
Finalmente, otra pareja cayó en la estafa, si bien en este hecho solo está implicado Gutiérrez, quien prometió a las víctimas un departamento. Se presentó como gerente y le dieron cien pesos a cambio de un recibo y le entregaron una carpetita con un registro de precariedad. Asimismo proveyeron una camioneta Chevrolet S10.
Cuando llegó el turno de la defensa, ninguno de los acusados quiso declarar. El letrado defensor de Gutiérrez, Alejandro Pschunder, no estuvo en disconformodidad con la acusación contra su cliente del servicio.
Horacio Brucellaria, letrado defensor de Claudio Seguel, señaló que “estamos trabajando en otra teoría del caso y a lo largo de la investigación intentaremos hallar una solución amistosa con el fiscal”. Asimismo pidió una extensión del periodo de investigación después de que el fiscal considerara que el tiempo tolerado en la redacción de junio de la acusación de Gutiérrez era suficiente.
El letrado de Ezequiel Cid, Pablo Calello, no objetó la redacción de los cargos y los hechos, si bien asimismo adelantó que “la defensa maneja otra teoría del caso. Y asimismo solicitamos examen de los cuatro meses”
Finalmente, el juez Sergio Pichetto consideró acreditados los hechos por los que los hombres fueron acusados. «Voy a hacer que se redacten los cargos en todos y cada uno de los casos y comprendo que los abogados defensores están en lo cierto ya que llegan con acusados que no han estado en el caso hasta la data. En cambio, el caso lo merecía pues hasta el fiscal afirmó que podía ampliar la acusación”, meditó.
Además, accedió al pedido del fiscal de que se prohibiese a los encausados acercarse a las víctimas, resaltando que de no cumplir serían asimismo culpables del delito de desobediencia a una orden judicial. (ANB)
